Desde 1990 se ha establecido en América Latina y el Caribe una amplia gama de nuevos acuerdos regionales. En una primera etapa, estos cambios se extendieron de 1990 a alrededor de 2005, y estuvieron marcados, tanto por estrategias económicas liberales del denominado “regionalismo abierto” como por una visión más amplia de gobernanza regional, del llamado “nuevo regionalismo”. No obstante, al comenzar el siglo XXI, los cambios en la economía política internacional y en el escenario político regional, dieron paso a una nueva fase de integración. 

A mediados del 2000, la región comenzó a promover la innovación institucional a través de organizaciones y plataformas de concertación y cooperación como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana de nuestra América – Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). A ello se sumó la redefinición del MERCOSUR, que empezó a desarrollar una mayor cooperación política y social. 

Década y media más tarde las condiciones que hicieron posible el giro regionalista posliberal han dejado de estar presente: terminó el ciclo económico favorable de las commodities y desde finales de 2015, la etapa dominada por gobiernos progresistas quedó atrás. Mientras los foros establecidos se encuentran en procesos de reflexión acerca de sus objetivos a perseguir, la crisis de Venezuela ha propiciado la creación de organismos como el Grupo Lima y PROSUR (Foro para el Progreso de América del Sur).